La senadora y vicesecretaria general II, Amparo Torres, defiende las medidas como “justicia social” y rechaza los “bulos” del PP sobre los migrantes
Torres valora el Real Decreto que obliga a revisar automáticamente precios del transporte por subidas de carburantes, “fruto del diálogo con el sector”
Albacete, 16 de abril de 2026.– La senadora y vicesecretaria general segunda del PSOE de Albacete, Amparo Torres, ha analizado detalladamente las decisiones del Consejo de Ministros del pasado martes, con énfasis en tres bloques temáticos –regularización de migrantes, apoyo al sector del transporte y mejora de condiciones laborales para funcionarios y funcionarias–, en los que la dirigente socialista ha defendido políticas que promueven la justicia social, la competitividad económica provincial y el diálogo social.
Amparo Torres ha destacado el inicio hoy del proceso de regularización migratoria, un procedimiento reglado por Real Decreto que facilita la inclusión plena de personas con arraigo en España, avalado por el Consejo de Estado. Al respecto, ha explicado que responde tanto a necesidades económicas –con el 43% del empleo post-reforma laboral generado por migrantes– como demográficas, dado que España necesita entre 200 y 250.000 entradas anuales hasta 2050 para sostener el estado del bienestar.
Torres ha precisado que desde el PSOE se defiende que regularizar no es un «efecto llamada», sino una herramienta de justicia social y buena gestión que reconoce realidades existentes y las convierte en oportunidades para todos y todas; y ha criticado al PP de Feijóo “por alinearse con la ultraderecha, profiriendo bulos que generan desconfianza ciudadana, miedo entre migrantes y alimentan racismo y xenofobia”. Por ello, la socialista ha rechazado, por ejemplo, los bulos relacionados con el abuso de servicios públicos –los migrantes usan menos ayudas–, los censos electorales o el aumento de la delincuencia, calificándolos de «xenófobos, racistas e irresponsables» que crispan la convivencia.
La senadora ha detallado requisitos específicos, como la permanencia en nuestro país más de cinco meses antes del 1 enero de 2025 y no tener antecedentes penales; así como plazos: online desde hoy mismo y presencial desde el 20 abril hasta el 30 junio, con opciones en centros de la Tesorería General de la Seguridad Social y en Correos, y con el apoyo de CC.OO., UGT y la Asociación de Desarrollo Sostenible.
Transporte de mercancías: Protección para el sector clave de Albacete
Torres también ha valorado el Real Decreto que obliga a revisar automáticamente precios del transporte por subidas de carburantes, “fruto del diálogo con el sector” y complementario a ayudas previas, como la de los 20 céntimos por litro de carburante. En Albacete, con más de 2.500 empresas (entre pymes y autónomos), “el sector genera miles de empleos” y soporta la agroindustria, el comercio y las exportaciones, muy afectadas por conflictos como el de Oriente Medio. Amparo Torres ha defendido las medidas del Gobierno de España asegurando que el PSOE “seguirá apoyando a transportistas, un pilar esencial de la economía provincial”, ya que garantizar su viabilidad “asegura abastecimiento a la población, competitividad y desarrollo”. “Se trata de una medida justa y necesaria ante situaciones extraordinarias, protegiendo a quienes sostienen la economía diaria”, ha subrayado.
Jornada laboral a 35 horas: Mejora para 220.000 funcionarios
Finalmente, la vicesecretaria general II ha resaltado la implantación inmediata de la jornada laboral de 35 horas semanales para 220.000 empleados de la Administración General del Estado, acordada con los sindicatos, que “recupera derechos” y “mejora la conciliación” sin menoscabo de servicios públicos. Torres ha señalado que se trata de “un paso importante para mejorar condiciones laborales de funcionarios y funcionarias” que refuerza “el compromiso del Gobierno con empleo público de calidad”.
Las administraciones del Estado tienen un mes para adaptar calendarios, con flexibilidad (como la jornada intensiva de verano o el apoyo familiar), garantizando la continuidad y la eficacia del servicio público.